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Resulta un argumento falaz atribuir la crisis financiera y económica por las que atraviesan actualmente el país y Tabasco a la real o supuesta corrupción del gobierno en general; y de funcionarios públicos en particular. Opositores y malquerientes del gobierno estatal achacan el redimensionamiento de la administración, particularmente el despido de burócratas, a la corrupción que “tiene minada” al gobierno y no a factores bien justificados de orden internacional, nacional y a desastres naturales harto conocidos por la sociedad mexicana y la tabasqueña. Quienes a través de las redes sociales y medios informativos presentan la corrupción como el origen de que, según ellos, el actual gobierno se encuentre acorralado y debilitado, manipulan la verdad con la finalidad de retomar el control político de Tabasco en el 2012. Hay quienes de manera simplista argumentan que en 3 años se han “derrochado” 90 mil millones de pesos; considerando, según ellos, que el promedio del presupuesto anual es de 30 mil millones. Sin ebargo, mienten a sabiendas y con los ojos bien abiertos. Con sólo revisar los montos que el presupuesto anual de Tabasco destina a los renglones más importantes del gasto público, que son los servicios educativos, de salud, de seguridad y de servicios urbanos esenciales como agua y drenaje, se caerá en cuenta de que la inmensa mayoría del gasto anual de todo el gobierno se destina a financiar estos rubros fundamentales para el desarrollo social y económico del estado.
El 50% del presupuesto anual de Tabasco se destina, casi históricamente, a sostener todo el sistema educativo, desde la construcción de espacios educativos de todo nivel, hasta el pago de salarios así como a salarios y prestaciones a 31 mil maestros de preprimaria. Además, salarios y prestaciones a otros 4 mil en educación media y media superior; a 5 mil catedráticos e investigadores en las universidades tecnológicas, institutos de educación superior, universidades interculturales, y desde luego, en sostener a la Ujat con una matrícula creciente, nuevas divisiones y que eleva, año con año, su calidad educativa a nivel nacional. El rubro educativo, que por cierto se encuentra federalizado en Tabasco, es decir, que corre por cuenta del gobierno local su financiamiento, absorbe un promedio de 15 mil millones del presupuesto anual; o sea, el 50% de los 30-34 mil millones que los opositores siempre sacan a colación cuando acusan de corrupto al régimen actual. Tan sólo el sistema de salud que opera en la entidad, incluyendo los 250 millones se ejerce para la administración al Seguro Popular, implica una erogación anual de 10-12 mil millones de pesos cada año.
Todo lo anterior significa a educación y servicios médicos se destinan, de cajón, un promedio de 20 mil millones cada año. Este dinero no es susceptible de corrupción alguna, porque va directamente a los bolsillos del magisterio en todos sus niveles; a sus prestaciones directas. Dentro de este mismo paquete se requiere sumar el gasto en construcción de escuelas preprimarias, primarias, secundarias, de bachillerato, y como ya dijimos, edificaciones para las diversas modalidades de educación superior. En salud, el dinero llega a los bolsillos de los médicos, enfermeras, así como todo el personal de apoyo administrativo que estas dos grandes ramas del gasto exigen para operar.
Si quienes acusan con dedo flamígero al gobierno de Granier de corrupto y de embolsarse el presupuesto público de 30-34 mil millones cada año hicieran la suma de estos gastos, descubrirían que apenas quedan unos 2 mil millones de pesos libres para destinarlos a entregar obras públicas y demás programas de iniciativa estatal. Desde luego que no se puede meter la mano al fuego por ningún funcionario público, sobre todo por quienes manejan obras públicas y otra clase de inversiones; pero sí debe estarse consciente de que la problemática financiera y económica de Tabasco no se debe a la corrupción del gobernador, sus amigos o familiares, sino a factores de orden general y global. También a contingencias muy específicas que le han tocado afrontar a los tabasqueños en los primeros tres años de la administración. Por ello, resulta obtusa la acusación de que este régimen se roba 30-34 mil millones de pesos del presupuesto que opera cada año cuando buena parte del mismo ya viene etiquetado para su gasto.
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